Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce “el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir”.

Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación determina a la mediación como “un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”.

Art. 44 Ibidem, dispone “la mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados, y podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante poder”.

Resolución N.26-2018 de 20 de febrero del 2018, expidió las directrices para el Registro y Funcionamiento de los Centros de Mediación, registro de directores/as y mediadores/as, así como los centros de formación de mediadores/as, en el Art. 3 señala “El Pleno del Consejo de la Judicatura autorizará el registro y la renovación del registro de los centros de mediación y centros de formación de mediadores, además de su cancelación o eliminación, cuando corresponda; la Secretaría General estará a cargo de los registros; la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, emitirá los informes jurídicos; y, la Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de Paz, emitirá los informes técnicos relativos al funcionamiento del servicio de mediación y de formación de mediadores a nivel nacional”.